Ya estamos con la cantinela electoral de precampaña y, por ahora, en clave vivienda, el PSOE bastante tiene con que le aprueben el decreto y empiece a dar resultado, con numerosas medidas que van de la protección al inquilino al impulso al parque público, aunque se quedarán cortas a la hora de atajar de lleno la crisis que vivimos. La ministra no quiso dar aún pistas en su último encuentro con los medios sobre qué otras medidas llevarán a la campaña. En cuanto al Frente Amplio y Podemos, aún falta que se asienten sus candidaturas y sus rifirrafes para que empecemos a escuchar sus medidas.
Al otro lado, ante la amenaza de que gane la derecha, sí que empiezan a sonar algunas medidas. Y no hay buenas noticias. Mientras que Vox ha insistido con vincular la inmigración a la crisis de vivienda, como hace con todos los problemas de España, el PP de Feijóo se ha sentido cómodo agitando bulos sobre ese miedo a la okupación que tanto espanta a algunos propietarios aunque el riesgo es ínfimo.
Que el PP haya encargado a Albiol un plan antiokupación y que ese sea el titular de sus propuestas de vivienda es una pésima noticia para las casi tres millones de personas que viven ahogadas por el alquiler.
Las medidas en materia de vivienda del PP se centran básicamente en tres patas que el PSOE ya ha ido avanzando a un ritmo mucho más lento del que necesitaba el país: las ayudas fiscales, subvenciones a la compra y construcción de “un millón de viviendas” en una nueva “España de los propietarios”. Ya lo dijo el franquismo: “No queremos una España de proletarios, sino de propietarios”. Aunque por mucho que bajen los precios o se moderen, el alquiler nunca va a desaparecer y debería ser un modelo de vida viable y estable.
Que ninguna de estas medidas va a tener un impacto a corto plazo es algo que reconoce él mismo, tal y como destacó en su cobertura el compañero Aitor Riveiro. Hasta que se construya el millón de viviendas que prometió, “vamos a pasar años difíciles”, dijo el propio Feijóo.
Sin contar con que la construcción de un millón de viviendas (no detalló cuántas serán públicas) puede moderar los precios pero no hacerlos bajar en picado y es difícil imaginar que los tres millones de personas que viven asfixiadas por el alquiler vayan a comprar una vivienda. En un mercado especulativo al alza en que la finalización de un contrato de alquiler permite subidas desorbitadas, no atacar este modelo contractual a corto plazo o los precios de mercado (todas las Comunidades del PP salvo Galicia se han negado) condena a los inquilinos al ahogo económico y les complica el ahorro para la compra de vivienda, cuyo precio también debería ser intervenido a estas alturas mientras no haya vivienda pública suficiente para competir.
Cuando el PP defiende que liderará una política de vivienda opuesta a la del Gobierno y le acusa del fracaso, esconde una realidad: que las principales competencias en vivienda las tienen las Comunidades Autónomas, donde el PP tiene un dominio absoluto, ya que gobierna en 13 de las 19 comunidades. Y no son, precisamente, las que tienen la mejor situación: Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía no son precisamente los mejores ejemplos.
Por otra parte, aunque la construcción, sobre todo de vivienda pública, debe jugar un papel clave en la recuperación de la crisis de vivienda, hay que andar con ojo. Una reforma de la Ley de Suelo que permita atrocidades en plena crisis climática puede ser contraproducente para la calidad de vida en una España que necesita espacios naturales. Pero es que además, los reparos de Podemos y Greenpeace a la propuesta del PSOE se veían avalados por la amenaza de pelotazos urbanísticos ilegales. Una reforma de la Ley de Suelo aún más permisiva con las empresas como la que puede proponer el PP puede ser nefasta. El pretexto de la vivienda, por urgente que sea, no puede servir para destrozar el medio ambiente o para alimentar fiebres especuladoras.
Las propuestas de unos y otros partidos se irán dirimiendo en las próximas semanas y PSOE y PP deben batirse en un debate de vivienda en breve. Pero mientras tanto, las calles y los sindicatos preparan la huelga general del próximo 11 de noviembre, motivada precisamente por la crisis de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas tiene una web activa muy intuitiva donde te puedes apuntar a hasta 240 actividades (por ahora) alrededor de toda España, tal y como contó Guillermo Hormigo este jueves. Las protestas del sindicato, además, se han contagiado a Portugal, donde la policía desalojó la principal plaza con acampada, pero los manifestantes desafían al poder, contó desde Lisboa Ruben Martins.
No pasa un día, entretanto, sin que salga algún informe o estudio que ponga cifras a la magnitud de cómo nos atraviesa esta crisis. A principios de semana, Oxfam publicaba un artículo que explicitaba que 770.000 trabajadores se vuelven pobres tras pagar la vivienda, una situación que afecta tres veces más a inquilinos que a hipotecados.
Otro estudio de la misma entidad citado por Gemma Barra en un reportaje de esta semana detallaba que la incidencia de problemas de salud mental se duplica entre quienes destinan más del 50% del alquiler. “Nos quitamos de medicinas para pagar la vivienda”, resumía el doctor en psicología y presidente de la Fundación Psicólogos sin fronteras en el texto.
Y este jueves, una encuesta de GAD3 apuntaba a que el 65% de los menores de 30 años necesitó ayuda para emanciparse, mientras que el 70% de las personas de la misma franja de edad renunciaron en alguna ocasión a una vivienda por no cumplir los requisitos.
El dato
Son las personas con trabajo que pasan a ser pobres después de pagar un alquiler, según un informe publicado esta semana por Oxfam.
Poder público
El Ministerio de Consumo ha exigido a dos plataformas que retiren 8.300 anuncios de pisos turísticos que se ofertan como alquileres de temporada, algo que contradice expresamente lo aprobado en el último decreto de vivienda.
Por otra parte, el Gobierno vasco ha comprado 510 viviendas protegidas a Blackstone en San Sebastián por 100 millones de euros, contó Iker Rioja. A un precio medio de 200.000 euros la vivienda en una ciudad donde un piso de 80 metros cuadrados cuesta de media 417.000, parece una medida de lo más razonable. Y, mientras no acelera la construcción, esa debería ser la fórmula a aplicar por todas las administraciones: comprar vivienda usada a empresas con muchos pisos para destinarla al alquiler asequible. Justo lo que no hizo Madrid con los pisos de Blackstone que perdieron su protección cuando se los vendió Ana Botella, y que ahora viven en vilo pendientes de cuándo el nuevo propietario, Brookfield, decida venderlos.
Poder privado
Mientras la pobreza de inquilinos sigue apretando, al otro lado se demuestra que los caseros con varias propiedades suben más el precio que los que alquilan solo una vivienda, según un estudio de EsadeEcpol.
Un ejemplo de mala praxis entre propietarios de varios pisos de alquiler, en este caso de la empresa BCN Housing, propiedad de Azora, lo encontramos en Barcelona y lo contó Pau Rodríguez. Los inquilinos denunciaban precios por encima de los topes de alquiler que se disparaban con los precios del IBI y de comunidad. Los pisos parecían de lujo, pronto se encontró otra realidad.
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