El transporte público español ha puesto cifras al desafío que tiene por delante. Para absorber millones de nuevos viajeros que dejen su coche privado y aumentar y electrificar las flotas de vehículos, el sector necesitará más de 12.000 millones de euros anuales hasta 2030. Es el cálculo que realiza la Asociación de Transporte Urbano Colectivo (ATUC), que alerta de un escenario de fuerte presión operativa y financiera para los próximos años en la hoja de ruta hacia una movilidad más sostenible.
La fotografía que traza el estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) es la de un sistema que se enfrenta simultáneamente a dos exigencias: transportar a más pasajeros que nunca y hacerlo con tecnologías cada vez más limpias. La combinación de ambas variables obliga a ampliar servicios, renovar flotas e instalar nuevas infraestructuras de recarga, todo ello en un contexto de costes crecientes.
De los más de 12.000 millones de euros anuales estimados, 8.800 millones corresponderían a costes operativos y 3.300 millones a inversiones. El sector prevé que sus gastos de explotación aumenten un 44% durante los próximos años como consecuencia del incremento de la oferta de transporte y de la complejidad tecnológica asociada a la transición energética.
Tras vase del coche al transporte público
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fija como objetivo trasladar al transporte público el 35% de los desplazamientos que actualmente se realizan en vehículo privado antes de 2030. Si esa meta se cumple, la demanda crecerá un 36% en los autobuses y un 51% en el metro.
Pero el PNIEC no es el único factor que empuja al sistema. El crecimiento demográfico impulsado por la inmigración y el auge continuado del turismo añaden más presión sobre unas redes urbanas que ya registran cifras históricas. España cerró 2025 con casi 97 millones de visitantes internacionales y se aproxima a la barrera simbólica de los 100 millones. Mientras tanto, las ciudades siguen ganando población y concentrando una mayor demanda de movilidad.
“Estamos ante un punto de inflexión”, resumió el secretario general de ATUC, Jesús Herrero. Según explicó, el periodo 2026-2030 constituye una ventana decisiva para consolidar un modelo de movilidad más eficiente y sostenible, aunque para ello será imprescindible garantizar una financiación estable y previsible.
El pilar de la movilidad
El sector quiere además elevar el debate sobre el transporte público a la categoría de cuestión de Estado. Los datos que maneja la patronal buscan reforzar esa idea. Mientras la alta velocidad ferroviaria transporta alrededor de 40 millones de viajeros al año, el transporte público urbano y metropolitano registra 4.800 millones de desplazamientos anuales. Uno de cada dos españoles utiliza regularmente alguno de estos servicios y siete de cada diez viven en municipios de más de 50.000 habitantes donde el transporte público es obligatorio.
Sin embargo, la financiación pública dista mucho de reflejar ese peso social, según ATUC. Actualmente, los ingresos por billetes cubren el 37% de los costes del sistema, mientras que comunidades autónomas y ayuntamientos aportan el 58%. La contribución del Estado apenas alcanza el 5%.
ATUC plantea modificar ese reparto. Su propuesta pasa por elevar la participación estatal hasta el 25%, manteniendo el peso actual de la recaudación tarifaria y reduciendo proporcionalmente el esfuerzo de las administraciones regionales y locales. El sector rechaza que la solución pase por encarecer los billetes, ya que considera que una subida de tarifas actuaría como un freno para captar nuevos usuarios precisamente cuando la política climática exige lo contrario.
La herramienta llamada a canalizar esa mayor implicación estatal es el Fondo Estatal de Contribución para la Movilidad Sostenible (FECMO), previsto en la futura Ley de Movilidad Sostenible. El mecanismo permitiría al Estado cubrir hasta el 50% de los costes de explotación, aunque ATUC considera suficiente alcanzar un 25%. El problema es que el fondo sigue pendiente de desarrollo normativo y de dotación presupuestaria en un escenario marcado por la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Electrificar una flota dominada por el diésel
La otra gran transformación es tecnológica. La normativa europea eleva las exigencias de descarbonización para las compras públicas. Si entre 2021 y 2025 el objetivo era que el 45% de las adquisiciones correspondieran a vehículos limpios, entre 2026 y 2030 ese porcentaje ascenderá al 65%, con una cuota mínima creciente de vehículos de cero emisiones.
El reto es considerable porque la realidad actual está lejos de esos objetivos. El 69% de la flota sigue funcionando con diésel o gas, frente a un 18% de vehículos híbridos y apenas un 13% completamente libres de emisiones.
La renovación exigirá sustituir más de 6.500 autobuses y 1.600 trenes, además de incorporar cerca de 5.000 autobuses y más de 300 trenes adicionales para aumentar la capacidad del sistema. A ello se suma una inversión menos visible pero igualmente costosa: la infraestructura de recarga. El sector calcula que será necesario instalar un punto de carga por cada autobús eléctrico.
Las diferencias económicas entre tecnologías ilustran la magnitud del desafío. Según datos aportados por ATUC, un autobús diésel ronda los 250.000 euros, mientras que uno eléctrico puede alcanzar los 500.000 euros después de haber bajado su precio en casi 100.000 euros en los últimos años. A ello hay que añadir alrededor de 60.000 euros por cada punto de recarga asociado. La alternativa del hidrógeno, por ahora, continúa limitada por sus elevados costes.
Financiación a través del mercado de emisiones
Ante semejante volumen inversor, el sector busca nuevas fuentes de financiación. La principal esperanza se llama ETS2, el nuevo sistema europeo de comercio de emisiones para transporte por carretera y edificios, cuya entrada en vigor se ha retrasado hasta enero de 2028. Este mecanismo pondrá precio al CO₂ emitido por combustibles fósiles y generará una importante recaudación que, según la normativa europea, deberá destinarse a fines climáticos y sociales.
Las estimaciones manejadas por ATUC contemplan una recaudación comunitaria de entre 255.000 y 483.000 millones de euros. España recibiría el 10,52% de esos recursos. La propuesta de la asociación consiste en destinar una tercera parte de la recaudación española a financiar las inversiones necesarias del transporte público. En el escenario más favorable, esa asignación permitiría cubrir hasta el 90% de las necesidades inversoras identificadas por el sector; en el más conservador, alrededor del 50%.
