El Gobierno prevé aportar entre 600 y 800 millones de euros a una de las tres gigafactorías de Inteligencia Artificial (IA) de gran escala que la Unión Europea (UE) quiere desplegar en el continente. Así lo ha trasladado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en un encuentro informal con periodistas en el marco del South Summit, celebrado en Madrid.
La financiación pública se canalizará a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y el proyecto deberá pasar por el Consejo de Ministros para aprobarse. El Estado tendrá una participación minoritaria en el consorcio público-privado, tal y como exige Bruselas para este tipo de infraestructuras estratégicas.
López ha situado esta iniciativa en el centro de la estrategia de soberanía digital y desarrollo del ecosistema de Inteligencia Artificial en España. La fecha para convocatoria europea se espera entre finales de junio y principios de julio, aunque el ministro admite que el calendario podría deslizarse ligeramente hacia julio.
España, en la “liga grande”
La Comisión Europea (CE) diseña dos categorías de gigafactorías: las de gran tamaño, de las que prevé tres en todo el continente, y las de menor escala. España aspira a una de las grandes. “Estoy convencido de eso”, ha afirmado López.
El ministro ha explicado que Bruselas fue ajustando el diseño de la convocatoria sobre la marcha, al comprobar que algunos países no alcanzaban el tamaño inicialmente previsto. Eso llevó a crear dos grupos. En la principal convocatoria, según su criterio, habrá tres gigafactorías, y España aspira a una de ellas.
La convocatoria europea se esperaba para finales de junio o principios de julio, aunque el propio ministro ha reconocido que el calendario apunta más a julio. La Comisión ha ido retrasando los plazos mientras termina de definir las condiciones, entre ellas precisamente la división en dos ligas.
El consorcio español deberá constituirse y recibir el visto bueno del Consejo de Ministros antes de presentar la candidatura a Bruselas. La inversión conjunta total podría superar los 4.000 millones de euros, según estimaciones del Gobierno.
Madrid y Cataluña se perfilan como sedes del proyecto
Las ubicaciones previstas se sitúan en Madrid y Cataluña, aunque el ministro no ha detallado la composición del consorcio ni el reparto de participaciones. “En breve habrá buenas noticias”, ha prometido.
Una de las empresas que se ha postulado para participar es Telefónica. Su director de Finanzas y Desarrollo Corporativo, Juan Azcue, avanzó durante la presentación de resultados del primer trimestre que la compañía prevé una participación de entre el 10% y el 15% del consorcio.
López ha subrayado que el objetivo de la gigafactoría no es dar más capacidad a empresas tecnológicas estadounidenses que ya tienen una inversión “brutal” en infraestructura de nube propia en España. El fin, ha dicho, es democratizar el acceso a la IA para las empresas europeas que nunca podrán costear su propia supercomputación.
El contrato de ciberseguridad, “resuelto”
El ministro Óscar López también ha comentado la suspensión del contrato de ciberseguridad del Estado, adjudicado a Telefónica.
Ha negado que exista ningún problema de financiación. “Ha sido una cuestión técnica, burocrática, administrativa de la mesa de adjudicación y está resuelta. Nada más”, ha zanjado.