La acusación popular que ejerce el PSOE ha solicitado la reapertura de la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez. La jueza Raquel Robles archivó la investigación sin ni siquiera tomar declaración a los policías sospechosos de entregar al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso los datos de dos periodistas de El País a los que previamente habían identificado en la calle. Los socialistas apelan a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al fiscal general del Estado en la que se le reprochaba no haber conservado los correos electrónicos que habrían probado su versión de los hechos. Lo hacen después de que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, y Rodríguez declararan en el juzgado que habían borrado la conversación de whatsapp en la que el primero entregaba al segundo la foto de los periodistas, difundida después junto a sus nombres por el jefe de gabinete de Ayuso.
Esa versión de Rodríguez y González Amador en el Supremo descartaría un delito de revelación de secretos porque, según ellos, la foto fue tomada por un vecino que se la entregó a la pareja de Ayuso y este a su jefe de gabinete. Por contra, si la información procediera de la actuación policial implicaría la comisión de un presunto delito. La jueza llamó a declarar a los policías como testigos, luego suspendió su comparecencia por si debían acudir como investigados, asistidos de un abogado, y antes de resolver esa cuestión se apresuró a cerrar el caso sin tomar declaración a los agentes ni al supuesto vecino que hizo la foto.
El escrito del PSOE, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge: “No será baladí recordar que el investigado [Miguel Ángel Rodríguez], así como el señor González Amador, insistieron en la acusación contra el fiscal general del Estado, que borrar conversaciones era sospechoso en un imputado, ya que un inocente no borra mensajes cuando se ve apuntado por la Justicia. Quien así opinaba ha borrado mensajes cuando se ha visto apuntado por la Justicia”. Los socialistas recurren directamente en apelación ante la Audiencia Provincial, que ya obligó a la jueza Robles a abrir la causa después de que la magistrada rechazara su admisión a trámite.
Miguel Ángel Rodríguez declaró ante la jueza que había sido González Amador quien le pasó la foto de los dos periodistas mientras hacían su trabajo en las inmediaciones del domicilio que comparte el empresario y comisionista con la presidenta madrileña. Justo antes le había dicho a los periodistas que la foto se la envió un vecino. Ante la magistrada rectificó y aseguró que el vecino hizo la foto y se la entregó al novio de Ayuso y este se la dio a él. Luego, González Amador ratificó esta versión ante la jueza.
Para el PSOE, “el señor González Amador aportó tras su declaración una documentación confusa e inconsistente, con pantallazos de unas supuestas conversaciones en fecha ignorada, con imágenes que no se ven y entre interlocutores desconocidos (...)”. “Ninguno de estos mensajes ha sido cotejado ni se ha verificado su realidad, las personas intervinientes o sus fechas”, añade el escrito de la acusación popular.
Los socialistas recuerdan a la Audiencia Provincial que los dos periodistas perjudicados por la difusión de sus datos y otro compañero corroboraron “explícitamente” la versión de que los datos procedían de los policías que les habían requerido la documentación e identificado en plena calle. Un documento policial incorporado a la causa reconociendo la identificación se sumaría a la tesis de la acusación, recoge el propio escrito.
El escrito del PSOE asegura que la jueza Robles “ha anticipado el cierre de la instrucción” antes de aclarar nada y que lo ha hecho a través de “una práctica sesgada de diligencias, donde se descartan aquellas dirigidas a la averiguación del delito en favor de otras dirigidas a exculpar al imputado”, Miguel Ángel Rodríguez.
