El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará mañana un paquete de 45 millones de euros para crear en una primera fase 2.000 nuevas plazas en residencias universitarias.
Se trata de un decreto que pretende impulsar las residencias para estudiantes y profesorado a precios asequibles, que no necesita convalidación en el Congreso de los Diputados y que estaba pendiente de ser aprobado en esta legislatura.
“Porque la universidad no es inmune al problema de la vivienda. Y cuando un estudiante no puede permitirse vivir donde le gustaría estudiar, la universidad deja de ser motor de prosperidad y de igualdad de oportunidades”, ha señalado Sánchez durante la firma de la declaración del proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario, que también será aprobado mañana.
El decreto sobre la vivienda universitaria supondrá la puesta en marcha de varios proyectos que ya estaban maduros y en este sentido la Universidad Autónoma de Madrid recibirá 13,36 millones, el Campus de Albacete de la UCLM, 8,19 millones, la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), 6,5 millones, la Universidad de Burgos, 5,94 millones, la Jaume I de Castellón, 4,45 millones, la Universidad de Jaén, 3,56 millones y el Ayuntamiento de Lleida 2,97 millones.
El presidente del Gobierno ha señalado que en una primera fase se crearán cerca de 2.000 nuevas plazas en universidades públicas de todo el país: “para que la universidad cumpla con su misión, todos debemos protegerla y financiarla”, ha dicho tras añadir que “pocas cosas representan mejor el progreso de España que la Universidad, que es el mayor ascensor social”.
Nuevo Estatuto para el Estudiantado Universitario
Además de este paquete de medidas de apoyo a la vivienda para estudiantes el Consejo de Ministros aprobará mañana el decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario, que actualiza el de 2010, el primero de la historia de la democracia y heredado de la dictadura franquista.
Un Estatuto que ha sido consensuado con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) y la Coordinadora de Representantes de las Universidades Públicas (CREUP) y facilitará la compatibilidad de los estudios con la actividad laboral del alumnado y reconoce expresamente el derecho al paro académico, total o parcial.
También mejorará las garantías de calidad en las prácticas académicas externas y la movilidad nacional e internacional además de reforzar los apoyos para estudiantes con discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo o dificultades de aprendizaje.
Establece una series de derechos y deberes para toda la comunidad y obligará a la universidades, públicas y privadas, a dar apoyo psicológico al alumnado y disponer de unidades específicas y de un protocolo de actuación, prevención e intervención ante conductas suicidas.
El objetivo es cuidar la salud mental del estudiantado en coordinación con los servicios públicos de cada comunidad autónoma y esta será una de las principales novedades.
“No todos los estudiantes llegan a la universidad en las mismas condiciones, ni todos recorren el mismo camino. Hay estudiantes que al salir de clase lo que hacen es irse a trabajar; otros que tienen que compaginar los exámenes con el cuidado de sus hijos o también de sus padres y madres y hay quienes afrontan, desgraciadamente, situaciones de acoso. Todos y todas merecen una universidad que les comprenda, que les acompañe y que también los proteja”, ha argumentado Sánchez.
En este sentido ha valorado que el nuevo Estatuto también proteja los datos y la desconexión digital y mejore los sistemas de tutoría y de prácticas, además de que ahonda en la defensa de la integridad académica.
